Ahora Javier Milei planea meter motosierra al sistema de los registros del automotor, uno de los "curros" inventados por la política que durante décadas han sido intocable.
En ese marco, el viceministro de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, anunció que se va a revisar estas "adjudicaciones" y el primer paso de este proceso es revocar las intervenciones vigentes o nombrar a nuevos interventores en más de un centenar de estas "oficinas privatizadas" de distintas partes del país.
Actualmente, Argentina cuenta con 1.557 registros de la propiedad automotor que manejan un negocio de aproximadamente 180.000 transferencias o inscripciones mensuales entre automóviles, motocicletas, camiones y maquinaria agrícola.
Sobre ellos pesan diversos cuestionamientos, pero uno de los principales es que están en manos de ex funcionarios, políticos, o familiares o allegados a éstos, y adjudicados en distintos gobiernos y de diversos colores políticos de cada ciudad.
Panorama local
En San Rafael existen cuatro registros, por el que deben pasar todas las inscripciones de vehículos nuevos o transferencias de usados. Una verdadera "vaca atada".
El Registro del Automotor N°1 de San Rafael es uno de los dos más antiguos y funciona en el primer piso de avenida Hipólito Yrigoyen 61 y su titular, o "encargado" como se denomina oficialmente, es el contador Luis Pietrelli.
El número 2 se encuentra en avenida Moreno 310 y está a cargo de María del Carmen Zazzali de Llorente.
El número 3 funciona en Corrientes 444 y su titular es Juan Carlos Chacón; mientras que el 4 se ubica en Maza 540 y actualmente está a nombre de Hugo Ignacio López.
Ligados a la "casta"
Todos de alguna manera están ligados a la "política". Por ejemplo, Chacón, al momento de adjudicarse su registro, era cercano a los referentes del sector de los "azules" del PJ local, quienes respondían al entonces ministro del interior, José Luis Manzano, en el gobierno de Carlos Menem.
En tanto que María del Carmen Zazzali es esposa de Pedro Llorente, el histórico juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, afín al radicalismo, que está desde la década de 1980 y que en ciertos períodos ha sido presidente del máximo tribunal provincial.
Además, los tres primeros registros han permanecido a nombre de las personas a las que se lo otorgaron originalmente.
En cambio, el número 4 fue concedido a la entonces concejal del PJ María Esther Orbelli pero después de su fallecimiento la oficina quedó a cargo de sus hijas por un tiempo. Luego fue intervenido y puesto al frente provisoriamente Hugo López Guillén, abogado del Estado nacional en San Rafael.
Tras un año de intervención, y antes que en la Presidencia asumiera Mauricio Macri, decidió llamar a concurso y "casualmente" quedó en manos de su hijo: Hugo Ignacio López.
Pero más allá de esto, el problema, como dice el refrán, "no es del chancho, sino de quién le da de comer". Ahora hay que ver si, a diferencia de Macri que no pudo o no quiso terminar con este sistema de la "casta política", el presidente Milei puede "dejar de dar de comer a los chanchos" y en su lugar instaurar un sistema para inscribir o transferir un auto que sea simple y barato en una oficina estatal o por internet, como en muchos países del mundo, y sobre todo que no sea una "vaca atada" para unos pocos.