El gobernador Alfredo Cornejo y la ministra Energía y Ambiente, Jimena Latorre junto a la vicegobernadora Hebe Casado presentaron en la explanada de la Casa de Gobierno las movilidades que fueron adjudicadas a la flamante Policía Minera y además de anunciar el plan de gestion 2025 anticiparon que "tendrá delegaciones en Malargüe, San Rafael, Valle de Uco y Alta Montaña".
Este cuerpo, compuesto en esta etapa por 49 personas, trabajará de forma coordinada con la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), conformada por distintos organismos sectoriales, y, de ser necesario, con las fuerzas públicas.
Cornejo señaló que "la nueva Policía Ambiental Minera contará con más y mejor capacitación de inspectores y tecnología avanzada para controles y actas digitales inviolables. Su objetivo, dijo, es fomentar un crecimiento económico sostenible en Mendoza, garantizando rentabilidad y sustento ambiental".
Además, señaló que incluirá conexión a internet vía Starlink para zonas sin señal y que la Policía Ambiental Minera, creada en el marco del nuevo Código de Procedimiento Minero, busca garantizar inspecciones ambientales eficientes y contribuir al crecimiento económico de Mendoza con sostenibilidad ambiental y rentabilidad para los inversores.
La ministra por su parte señaló que "algunos no creían que se pudiera hacer minería en Mendoza porque no confiaban en los controles. Entonces, nosotros lo internalizamos y, con la modificación del Código Procedimiento Minero y la inclusión de criterios y parámetros de control, fiscalización ambiental y también social, fijamos el camino a seguir".
Además, explicó que, desde un principio, desde el Gobierno provincial se sostuvo que "las declaraciones de impacto ambiental no eran un cheque en blanco, sino que iban a estar fiscalizadas en cada una de sus etapas por una Unidad de Gestión Ambiental".
Tareas y facultades de la Policía Ambiental Minera
Inspección y vigilancia completa: la Policía Ambiental Minera está habilitada para inspeccionar y vigilar tanto los trabajos subterráneos como los superficiales, así como los equipos, maquinarias y plantas de beneficio, acopios y el transporte involucradas en todas las fases de la actividad minera.
Detección y remediación de irregularidades: se encargará de detectar irregularidades, detener de inmediato condiciones y acciones de trabajo inseguras o que representen un perjuicio ambiental, notificarlas y exigir su remediación.
Verificación de documentación y cumplimiento: verificará que las actividades mineras sean consistentes con lo declarado en las Declaraciones Juradas de Producción (DJP), las Guías de Transporte de Minerales (CTM), las Declaraciones Juradas de Buenas Prácticas (DJBP), los Informes de Impacto Ambiental (IIA) y las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), junto con sus actualizaciones correspondientes.
La Policía Ambiental Minera, que exhibirán un uniforme específico y acreditaciones, tendrán libre acceso a todos los trabajos subterráneos, labores mineras e instalaciones relacionadas con la exploración, explotación y beneficio de sustancias minerales y pétreas.
Se encargarán de supervisar el cumplimiento de las normas ambientales, de salud, seguridad e higiene, controlar el transporte de minerales y verificar la concordancia de las actividades con las Declaraciones Juradas de Producción y levantar actas e imponer sanciones cuando sea necesario.
A su vez, los concesionarios, arrendatarios, administradores, empleados y cualquier persona vinculada a las operaciones mineras deberán acompañar a los inspectores durante las inspecciones y proporcionar la documentación e información requerida.
En caso de resistencia u obstáculos en el ejercicio de las funciones de los inspectores, estos podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública.
Promoción de mejora continua: fomentará una cultura de mejora continua con una perspectiva de calidad, buenas prácticas en minería, seguridad y salud laboral y cuidado del ambiente.