Cargando...Un nuevo recurso presentado por la defensa de la médica pediatra Estefanía Puri pospuso el inicio del juicio que busca esclarecer la muerte de la beba Jennifer Condó ocurrida hace 5 años en mayo del 2019.
Es que este miércoles al inicio de la audiencia preliminar para el debate donde están imputados Estefanía Puri acusada de homicidio culposo y el médico Alejandro López Teobaldi por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona en concurso real, el abogado defensor de Puri, Carlos Sebastián Gijón presentó un pedido de probation, la profesional no tiene antecedentes penales, que fue rechazado por el juez Jorge Yapur.
La decisión del magistrado será recusada en Casación y de esta manera la audiencia preliminar se va suspender seguramente hasta al año entrante a la espera de la decisión de los jueces de la Corte.
Gijón propuso al juez las siguientes reglas de conducta, fijar domicilio de residencia, debiendo dar aviso en caso de modificación del mismo y comparecer cada vez que sea citado al Tribunal; no cometer delitos; abstenerse de abusar del consumo de bebidas alcohólicas y/o consumir estupefacientes; comparecer a registrar su firma en forma trimestral (cada tres meses) por ante la Dirección de Promoción del Liberado, correspondiente a su residencia, a partir del momento en que recuperen su libertad; realizar un curso de capacitación en pediatría, dentro del lapso que considere el magistrado y ofreció servicios a la comunidad como médica pediatra en centros de salud (que no cuenten con este recurso fundamental) por 250 horas gratuitas durante un año.
Además ofreció una compensación civil de reparación para los padres de Jennifer Condó con la donación por un año del 50% del salario que percibe la profesional por sus servicios en el hospital Schestakow donde se desempeña como médica de planta en el servicio de internación pediátrica.
La propuesta fue rechazada por la Fiscalía porque se trata de un delito muy grave que además de una posible condena contempla inhabilitación para la profesional.
En este contexto la defensa de López Teobaldi, a cargo del abogado Gonzalo Pagliano no interpuso ningún recurso y al igual que las víctimas, representadas por el fiscal Iván Abalos como abogado querellante aportado por el Estado, deberán esperar a la resolución de la Casación.
Una vez más el proceso se ha estancado para la familia que hace 5 años espera Justicia por la muerte de una beba de un año que falleció camino al hospital Schestakow .
Los hechos y las imputaciones
Los dos médicos imputados intervinieron en el proceso que terminó con la muerte de la pequeña que no recibió la atención médica adecuada desde el inicio del proceso el 14 de mayo del 2019 cuando Paulina Condo y Severo Fernández, padres de Jennifer llevaron a su hija al Centro de Salud de Salto de Las Rosas donde le aplicaron una inyección y los derivaron al Schestakow.
Allí fueron atendidos por Martin Leroy, sobreseído en la causa, que les pidió un análisis de orina que la madre no pudo aportar porque hacía un tiempo que la niña no podía orinar. Ante la respuesta, el médico les dijo que regresaran a su casa ubicada en Cañada Seca a varios kilómetros de la Ciudad y que volvieran al otro día con la muestra.
El 15 de mayo de 2019, la niña orinó un poco y su madre decidió regresar, cerca de las 12 al hospital, lo hizo en colectivo con su hija en brazos y una muda de ropa. En el nosocomio, dos enfermeras le dijeron que la muestra no servía y que trajera una nueva, pero Paulina les ratificó que la niña tenía problemas para orinar, que convulsionaba y tenía fiebre.
Allí pidió agua para darle una mamadera caliente a su hija para hacerla orinar y se fue hasta la guardia del Schestakow donde pidió un médico pero la respuesta fue que hasta que no tuviera un análisis no la iban a atender.
A todo esto , la madre preocupada por el estado febril de su hija escuchó que alguien llamaba a un enfermero para decirle que "acá hay una boliviana que no entiende, atendela vos". Es así que finalmente la médica Estefanía Puri se hizo cargo de la situación, le puso una inyección , paños de agua fría y le dijo que los análisis de sangre habían salido bien y que no la iban a internar a pesar de las convulsiones que presentaba Jennifer.
Esa noche, ya en su casa de Cañada Seca la madre intentó darle la mamadera a su hija pero esta la rechazó y un día después con los mismo síntomas que incluyeron vómitos y diarrea los padres llevaron a la niña al Centro de Salud de Atuel Norte donde el médico Alejandro Perez Teobaldi les cerró la puerta en la cara y no los atendió porque no tenían turno programado.
Los padres ante la negativa del médico regresaron a su casa en auto y ya sin dinero para comprar combustible decidieron, por los síntomas de la niña, regresar al Schestakow. A altura de la rotonda de la Copa, la niña repitió por última vez los vómitos por la boca y la nariz. Al arribo a la Guardia del hospital dejaron el bebé en manos de una enfermera que al rato regresó y dijo que "no se pudo hacer nada para hacerla vivir".
A partir de esta historia de terror que vivió la familia Fernández Condo, el fiscal envió el expediente el Cuerpo Médico Forense de Mendoza . Desde allí el informe fue contundente: "Si se hubiese realizado una anamnesis y examen físico adecuado, se podría haber tomado una conducta médica adecuada. Si el accionar médico hubiese sido adecuado y oportuno, en cuanto a la ciencia, atención y cronología del cuadro clínico que presentó la menor, la misma habría tenido más chances de vida. Que debió ordenarse la internación de la niña por al menos 12 horas para un buen diagnóstico y tratamiento. Y que un cuadro infeccioso como el que ella presentaba con tratamiento adecuado y oportuno, habitualmente no tenía tan mal pronóstico.
Con el informe final del Cuerpo Médico Forense de Mendoza, el fiscal resolvió imputar a estos tres médicos y abrió una causa penal por las graves irregularidades y omisiones cometidas durante la instrucción sumarial administrativa realizada en los centros asistenciales públicos por donde pasó la niña, para encontrar los responsables de los delitos de omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
Luego Martín Leroy fue sobreseído por la jueza María del Carmen Camiletti.
Los médicos deberían haber tomado en cuenta también el analfabetismo de la madre y lo alejado que vivía la familia del hospital y seguir con las recomendaciones del hospital Notti para este tipo de situaciones.
