El Estado provincial deberá pagarle a la propietaria de un Renault Megane una indemnización de 2.637.823 pesos porque se lo dañaron cuando estuvo retenido en la playa de secuestros "San Cristóbal" de la Isla del Río Diamante.
Lo novedoso es que no hizo falta que la mujer iniciara una demanda judicial sino que llegó a un acuerdo con el Ministerio de Seguridad y este martes se publicó en el Boletín Oficial el decreto del gobernador Alfredo Cornejo que avala el convenio.
Todo comenzó cuando a Elena Isabel Silva le retuvieron el auto por una infracción vial y se lo llevaron al predio de calle Tulio Angrimán al 3000.
Allí, según lo que detalla el decreto, le ocasionaron "daños de consideración" al Megane porque se lo depositaron "debajo de otros vehículos, aparentemente en un lugar que no correspondía".
Ante ello, la mujer hizo el reclamo correspondiente pero ante la negativa de las autoridades de la playa en reconocer daños, envió en 2022 una carta documento al Juzgado Vial Zona Sur emplazando a que le abonen los gastos de reparación, que acompañó con el correspondiente presupuesto y un acta de un escribano público que constataba el estado del auto.
Además, Silva radicó una denuncia en la Comisaría 38 de la Isla y se inició un sumario en "averiguación daños" con intervención de la Unidad Fiscal Correccional de San Rafael.
Pero la sangre no llegó al río, como dice el refrán, ya que no hizo falta una demanda en la Justicia porque el Ministerio de Seguridad apeló a la figura del "acuerdo transaccional" que establece la Ley N° 9234.
Esta norma permite al Estado celebrar acuerdos extrajudiciales con particulares en ciertas situaciones donde evalúa que es conveniente.
Se le consultó a la Comisión Valuadora General de la Provincia y emitió un informe en el que propuso un monto de resarcimiento.
En setiembre pasado la ministra de Seguridad Mercedes Rus firmó el acuerdo con Elena Silva en el que le reconocen una indemnización o capital por 828.020 pesos, además de 1.809.803 pesos en intereses acumulados entre el 1 de abril de 2022 y 30 de agosto de 2024.
En noviembre el gobernador Cornejo firmó el decreto número 2.373 homologando el acuerdo y se hizo oficial este martes al publicarse en el Boletín de la provincia.