El Ministerio de Justicia de la Nación publicó este jueves en el Boletín Oficial la resolución 165 que dispone, a partir del 5 de agosto próximo, la entrada en vigencia en la Justicia Federal de toda Mendoza del nuevo Código Procesal Penal Federal.
Esto significa que se aplicará el "sistema acusatorio" cuyo cambio central es que la totalidad de la investigación y la instrucción de la causa la llevará adelante el fiscal, mientras que el juez se encargará de garantizar el debido proceso, es decir supervisar que no se violen derechos de los acusados, y autorizar o rechazar solicitudes de prisión preventiva o allanamientos.
Actualmente funciona bajo un sistema híbrido donde el juez lleva adelante las causas en forma compartida con el fiscal, que resulta engorroso y más lento.
Esta nueva forma de trabajar se aplicará también en la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal, a cargo Ignacio Sabás y Eduardo Puigdéngolas, respectivamente, que tienen asiento en San Rafael y con jurisdicción en los tres departamentos del sur mendocino. Investigan todo lo que son delitos federales (tráfico de drogas, secuestros extorsivos, lavado de dinero, entre otros), aunque la mayoría de las causas son por drogas.
Otro de los cambios centrales de la reforma es que se harán audiencia orales y públicas cuando se deban resolver medidas como el pedido de prisión preventiva de un detenido e introduce plazos más acotados para resolver esto y otras medidas de la investigación, con lo que se busca agilizar las causas y llegar antes al juicio.
El nuevo Código Procesal Penal Federal fue aprobado en 2014 y la idea era ir aplicándolo paulatinamente en el país, pero esto se demoró varios años. Recién se puso en marcha por primera vez y como prueba piloto en 2019 en Salta y Jujuy.
La siguiente jurisdicción que se sumó fue Rosario a inicios del actual mes y la próxima será Mendoza en agosto próximo.