Cargando...Por mayoría de votos, la Cámara de Senadores de Mendoza dio sanción definitiva al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para disolver el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), una entidad que gestionaba la regulación del servicio de agua y saneamiento en la provincia. La iniciativa, aprobada previamente por la Cámara de Diputados, apunta a transferir las funciones del EPAS al Departamento General de Irrigación, buscando optimizar la fiscalización y eficiencia en el uso de recursos.
El presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Walther Marcolini, explicó que el proyecto propone un nuevo régimen normativo para los servicios de agua potable y cloacas en Mendoza. Además, plantea la derogación de la Ley 6044 de 1993, que había establecido el marco normativo para la regulación de estos servicios, y la transferencia de las funciones de regulación, defensa de los usuarios y control de las actividades de prestación de servicios al Departamento General de Irrigación.
El legislador radical también destacó que el régimen que se pretende modificar fue diseñado en un contexto económico y político muy diferente al actual, en la década de 1990, marcado por políticas de desregulación y privatización de los servicios públicos. En ese entonces, la provincia dejó de prestar y gestionar el servicio de agua potable y cloacas, cediendo su control a operadores privados. La Ley 6044 permitió la creación de entes reguladores para garantizar la defensa de los derechos de los usuarios en un mercado que, sin control, podría no cumplir con los principios de dignidad, igualdad, salud y acceso al medioambiente sano.
Marcolini continuó explicando que, a lo largo de los años, la situación en Mendoza fue cambiando. Durante la crisis de 2001, la empresa privada más grande de la provincia, encargada de la prestación del servicio, incumplió sus compromisos de expansión, lo que afectó a muchas familias mendocinas. A raíz de esto, en 2010 se creó la empresa Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam), que tomó a su cargo la provisión de estos servicios, bajo un régimen transitorio. Hoy en día, la empresa de agua es una sociedad anónima de participación estatal mayoritaria, lo que hace innecesaria la existencia de un ente regulador independiente para controlar a una empresa que ya está bajo la supervisión del gobierno provincial.
Asimismo subrayó que el Departamento General de Irrigación es el organismo adecuado para asumir las funciones de regulación, ya que tiene la expertise técnica y el manejo del agua en Mendoza. Además, el proyecto establece un régimen de tarifas que debe reflejar los costos de operación, mantenimiento, expansión y renovación del sistema, sin depender de subsidios provinciales.
Los senadores Gabriel Pradines de la Unión Mendocina, Armando Magistretti de la Libertad Avanza, Dugar Chappel del Partido Verde, Germán Vicchi de la Unión Mendocina, la senadora Adriana Cano del partido Justicialista y Natacha Eisenchlas presidenta del bloque oficialista, también se refirieron al proyecto.
El proyecto fue aprobado por 19 votos a favor y 15 en contra, por lo que fue remitido al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación.
Vale destacar que, durante el proceso de análisis legislativo, el proyecto incorporó sugerencias de legisladores de distintas bancadas en varios artículos, lo que muestra un enfoque de consenso. En la Cámara Baja, el proyecto fue revisado por el plenario de comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Legislación y Asuntos Constitucionales, mientras que, en el Senado, Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, expuso los detalles de la propuesta, defendiendo la necesidad de eliminar duplicidades y reducir los costos operativos.
El proyecto también promueve, como explicó el presidente de LAC, la derogación de la Ley N° 6044, que había establecido el marco normativo del EPAS, sustituyéndola por una normativa que responde mejor a las necesidades y condiciones actuales del servicio de agua y saneamiento en Mendoza.
