Cargando...En los últimos días se disparó una puja por el manejo del grabado y la verificación de autopartes en la provincia que pone en juego, según calculan, unos 200 millones de pesos al año.
El grabado era realizado históricamente por el Centro de Retirados de la Policía de Mendoza (Cerpol) y ahora quedará ambos controles a cargo de la Cámara de Grabadores de Autopartes de Vehículos y Motovehículos y el Círculo de Oficiales de la Policía de Mendoza.
Es que antes de irse de la gobernación, Rodolfo Suárez a través del decreto 2466 oficializó un convenio firmado entre esas entidades y el Ministerio de Seguridad.
Todo se inició cuando esa Cámara propuso un sistema de modernización que incluía la realización de ambos trabajos bajo su órbita y, como la verificación sólo puede ser realizada por policías, ofreció pagarles a los oficiales que realizaban el trabajo, pero por fuera del Cerpol.
Esta entidad rechazó la propuesta, entonces el Ministerio de Seguridad planteó que los controles fueran realizados por los integrantes del Círculo de Oficiales y se firmó un convenio que fue aprobado por el decreto firmado en noviembre, pero publicado en el Boletín Oficial el lunes 4.
Mario Vadillo, presidente del Partido Verde de Mendoza y feroz crítico de adjudicar este tipo de controles obligatorios a privados, cuestionó que se siga perpetuando este tipo de sistema.
Recordó en diálogo con Vibra FM (100.3) que "desde 1998 Cerpol está realizando este servicio que es público y monopólico y nunca hemos podido ver un contrato y en qué condiciones tendrían que hacerlo".
Ahora "Suárez antes de irse se lo otorga a otra organización de policías, que en definitiva es una asociación civil, que va a mover un monto de 200 millones de pesos anuales con un servicio caro y lento y que podría ser prestado por un organismo público. O hasta cualquier taller que cambia un parabrisas podría grabar el vidrio".
Además, al ser monopólico y para verificar el motor "no tengo otro lugar dónde ir y tengo que pagar lo que me dicen, entonces estoy indefenso como usuario".
Ante ello, consideró que "Alfredo Cornejo tiene que anular este decreto y llamar a una licitación con un pliego, que tenga un plazo y tarifas como cualquier servicio público".
"Curro político"
El ex legislador calificó todo esto como "las típicas concesiones que se dan a dedo en forma indefinida y sin ningún tipo de control, que ocultan cajas políticas".
Y lo comparó con los registros del automotor y los talles de la RTO que "son hechos a medida para lo que nosotros llamamos ?curro político' porque crean una caja que es obligatoria, debido a que es un embudo porque si no se hace esto, no se puede hacer lo otro, con una tarifa que no tiene relación con el trámite".
