La presentación judicial apunta contra el fiscal de Delitos No Especializados Gabriel Blanco, quien fue acusado de revisarle el celular a su pareja sin su permiso.
Justamente, esa acción, enmarcada en un acto de Violencia de Género, comenzó a ser considerada como un delito en el fuero provincial a partir de una resolución que firmaron el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Gullé, a raíz de una consulta de la fiscal en jefe de Violencia de Género, Laura Rousselle.
Un fallo de la Corte Suprema de la Nación Argentina, el Ministerio Público Fiscal estableció que ese tipo de casos se contemplan en el artículo 153 bis del Código Penal: "Será reprimido con prisión de quince (15) días a seis (6) meses, si no resultare un delito más severamente penado, el que a sabiendas accediere por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo la que posea, a un sistema o dato informático de acceso restringido".
A partir de la denuncia en su contra, Blanco pidió la suspensión de las audiencias que tenía programadas para los primeros días de diciembre y se terminó tomando una licencia.
La denuncia llegó en medio de un contexto complicado para la Unidad Fiscal de Delitos Contra el Medio Ambiente, Contra los Animales y No Especializados, ya que varios de los fiscales que allí se desempeñan se encuentran con licencia por enfermedad o por motivos personales.