Cargando...El diputado Emanuel Fugazzotto, junto a los legisladores Ricardo García y Dugar Chappel, del Partido Verde, con el patrocinio del abogado Bruno Giambastiani, presentaron un recurso de amparo y una medida cautelar con el objetivo de detener el incremento del impuesto automotor en la provincia.
La iniciativa busca que el Ejecutivo Provincial recalcule el tributo conforme a los valores establecidos por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), en lugar del índice de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
En relación con la medida, el diputado Fugazzotto explicó: "Tras analizar distintos casos, hemos comprobado que los argumentos expuestos por el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, no se ajustan a la realidad. La decisión de utilizar el índice de ACARA en lugar del de la DNRPA responde únicamente a la intención de aumentar el tributo en perjuicio de los mendocinos. A los incrementos ya aplicados, se sumó un 50% más en el valor de los vehículos, generando una carga impositiva desproporcionada para los contribuyentes. No permitiremos que este atropello continúe y confiamos en que la Justicia intervenga para revertir esta medida. Con más de 300 pruebas documentales, hemos demostrado que el Gobierno Provincial falta a la verdad cuando justifica esta elección".
Y agregó: "Somos los únicos legitimados para hacer el reclamo porque fuimos los únicos que votamos en contra de este artículo a la hora de votar las leyes de Avalúo e Impositiva."
Por su parte, Chappel señaló que "el problema radica en la interpretación arbitraria que el Ejecutivo hace de sus facultades. Advertimos que la Legislatura no debía cederle la potestad de definir qué índice utilizar, ya que los tributos deben ser establecidos por el Poder Legislativo, tal como lo determina la Constitución. Sin embargo, el Gobierno decidió aplicar el criterio más costoso para los ciudadanos, incumpliendo la norma y excediendo sus atribuciones. No solo ignoraron el espíritu de la ley, sino que la tergiversaron para incrementar la recaudación sin considerar el impacto en los contribuyentes".
Desde el punto de vista jurídico, el doctor Giambastiani sostuvo: "El Ejecutivo actuó de manera totalmente ilegal al interpretar el artículo 9 de la Ley 9597. Este establece un orden imperativo para la valuación de los vehículos, comenzando por la DNRPA y recurriendo a otros registros solo en caso de que no haya valuaciones disponibles. Sin embargo, el Gobierno decidió saltearse este principio y aplicar la valuación que les garantizaba mayores ingresos. Su postura inflexible nos permitió avanzar con este amparo, ya que queda claro que en un reclamo administrativo no habría posibilidad de obtener una resolución favorable".
