Cargando...La Defensoría de las Personas con Discapacidad de la Provincia de Mendoza presentó esta semana un recurso de amparo colectivo en la Justicia Federal contra la Agencia Nacional de Discapacidad por la demora en aprobar los trámites de pensiones por discapacidad.
Es que el gobierno nacional suspendió el otorgamiento de estos beneficios hasta culminar una auditoría y hay muchas personas con discapacidad que iniciaron su trámite antes del 1 de abril de 2024 y aún no han recibido una respuesta definitiva.
Juan Carlos González, titular de la Defensoría, explicó en diálogo con Vibra FM (100.3) que "hay personas que están esperando desde hace seis meses hasta cinco años que les digan por sí o por no una respuesta sobre sus solicitudes de pensión". El universo de afectados está calculado en unos 22 mil en Mendoza.
Juan Carlos González, de la Defensoría de las Personas con Discapacidad de Mendoza.
Consideró que "no sólo se le está vulnerando el derecho a una respuesta oportuna sino que en esa espera a las personas se les va resintiendo su salud porque esperan su pensión para poder tener la cobertura de Incluir Salud, por ejemplo. Se les va agudizando la vulnerabilidad social porque no van teniendo ese dinero que le permite a la persona con discapacidad y a su familia acceder a la ayuda para cubrir ese mayor gasto por tener discapacidad".
El defensor aseguró que es el primero y el único recurso de amparo presentado en el país y está basado en trece casos testigos de personas individualizadas con nombre y apellido pero con el cual busca que la Justicia Federal decida en forma colectiva para todas las personas con discapacidad
También solicita que "resuelva los trámites pendientes apartándose del Decreto 843 de reciente emisión porque entendemos que es inconstitucional que vuelve a restricciones que habíamos superado". Este que se vuelve a criterios más restrictivos sobre lo que considera discapacidad.
Auditorías
González expresó que "nos parece bien que se auditen la gestión de otorgamiento de pensiones y hacia atrás porque asegura transparencia. Y si hubo irregularidades o delitos que se puedan encontrar en esas auditorías deben ser duramente sancionados y debe ir gente presa. Pero las auditorías no deben justificar de ninguna manera la inacción del Estado, no se ha entregado ninguna pensión desde diciembre hasta la fecha".
Consideró además que "desde el aparato comunicacional del gobierno nacional se ha puesto un manto de sospecha a todo el otorgamiento de pensiones. El vocero presidencial apareció con una radiografía de un perro para decir que se otorgaban pensiones truchas y después el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad reconoció que esa pensión nunca se otorgó, pero el daño ya estaba hecho, el manto de sospecha ya estaba instalado".
