El policía federal Eduardo Javier Casas Rusch fue condenado este miércoles a 4 años de cárcel.
Además de haber recibido esa pena por abuso de autoridad en otro caso expuesto por una sargento primero que lo acusó de maltrato verbal y hostigamiento durante más de un año, fue inhabilitado de por vida para integrar fuerzas de seguridad.
Uno de los casos comenzó durante la pandemia por coronavirus y tomó trascendencia en el 2021. Una agente denunció a este policía por acoso y abuso sexual, hechos que desdibujaron los límites del comportamiento profesional y ético en la institución de seguridad con base en calle Perú de Ciudad.
Con el paso del tiempo, las denuncias llegaron a la Justicia federal y el hombre apuntado fue un subcomisario de la fuerza nacional, segundo jefe de la División Unidad Operativa Federal Mendoza, quien con el avance de la instrucción fue procesado sin prisión preventiva.
El Tribunal Oral Federal Nº1, conformado por los camaristas Alberto Daniel Carelli, María Paula Marisi y Alejandro Waldo Piña, le impuso también una condena de 5 millones de pesos en concepto de daño moral y declaró víctimas de violencia de género a las dos mujeres que lo denunciaron.
Una agente de la Policía Federal narró con precisión quirúrgica una historia de acoso sistemático perpetrado por el subcomisario, uno de sus máximos superiores jerárquicos en ese momento.
Durante los servicios adicionales en el Banco Nación, la denunciante comenzó a notar algunas particularidades en el comportamiento del subcomisario Casas. Mientras saludaba a los hombres con un simple choque de puños, con las mujeres -y particularmente con ella- su trato era marcadamente diferente.
Un momento decisivo ocurrió durante un servicio matutino. En un acto que ella describió como "completamente inesperado", Casas se aproximó y la besó directamente en los labios, "generando una inmediata sensación de incomodidad, vergüenza y desconcierto", sostenía la denuncia y se ventiló en el juicio.
Los hechos se fueron sucediendo con una escalada preocupante. Tras una cirugía estética mamaria que se realizó en diciembre de 2020, la uniformada relató otro episodio invasivo con el mismo protagonista. Cuando regresó a la delegación, el subcomisario la citó a su oficina, momento en el que, según su testimonio, no dejó de mirar su área pectoral, comentando su rápida recuperación de manera inapropiada.
Un compañero, testigo de la situación, le comentó crudamente cuando supo que Casas la había citado a su despacho luego del regreso tras la intervención: "Te quiere ver las tetas", confirmando su percepción sobre el comportamiento del superior.
El punto álgido de la serie de acosos se produjo el 15 de septiembre de 2021. Mientras la uniformada prestaba servicios en la Secretaría Previsional, Casas hizo una visita que ella describiría como "intimidante".
Llegó sin tocar la sirena - algo inusual en sus procedimientos habituales - y comenzó a realizar comentarios que la descolocaron. "Qué linda estás... ¿cuándo nos podemos ver?", le dijo mientras la recorría con la mirada, generando una nueva situación de incomodidad. Tras unos minutos, la mujer le pidió que se retirara, momento en el cual Casas intentó besarla en la boca.
El 4 de octubre, en un episodio que colmó la paciencia de la agente, Casas se presentó nuevamente en su lugar de trabajo. Con las redes sociales caídas ese día, detallaron las fuentes, ella no pudo anticipar su llegada porque sus compañeros conocían lo que se encontraba padeciendo desde hacía semanas y así se lo comunicaban.
Sorpresivamente, intentó besarla otra vez, preguntándole si podía darle un abrazo, a lo que ella se negó rotundamente y le aseguró que iba a contarle a su marido.
Tras estos eventos, decidió romper el silencio. Consultó con compañeros, quienes la respaldaron y la animaron a denunciar.
Casas también fue condenado por la denuncia que radicó una sargento primero de la Policía Federal. El relato inicial también hablaba de hechos del 2020, momento en que la denunciante fue asignada como jefa de guardia interna en la sede de calle Perú 1049 de la Ciudad de Mendoza. Dijo que sufrió constantes agresiones verbales y psicológicas de parte del subcomisario. Lo mismo se expuso en el debate.
Aseguró que Casas Rusch desplegó una estrategia de hostigamiento calculada y persistente. Sus ataques verbales no conocían límites: constantemente le recordaba a la oficial que era "tonta", utilizando un lenguaje destinado a humillarla y minimizar su capacidad profesional.
Los gritos se convirtieron en su herramienta de intimidación. Con frases como "tenía que aprender" y amenazas veladas de sanción, el subcomisario buscaba socavar sistemáticamente su autoridad.
Lo más grave del caso es la existencia de un patrón de discriminación de género estructural. Casas Rusch no ocultó su intención de demostrar una supuesta superioridad masculina, llegando al punto de manifestar que le enseñaría "a diferenciar quién tenía más grado, si un hombre o una mujer".