El gobierno apeló la resolución del juez Sarmiento por los celulares en la cárceles

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus informó este jueves, tras una reunión que mantuvo con su equipo de trabajo que la decisión del juez Sarmiento de detener el retiro de los celulares de las cárceles "es un avasallamiento del poder Ejecutivo" y apeló formalmente esa resolución judicial. 

El juez respondió a un hábeas corpus presentado por un grupo de personas privadas de la libertad que solicitaron mantenes sus celulares y/o dispositivos electrónicos porque el Servicio Penitenciario no garantizaba el acceso mínimo al  derecho de la comunicación. 

En este contexto Rus expresó que "en el magistrado (por Sarmiento) existe un claro exceso en el ejercicio de la facultad jurisdiccional, que provoca una intromisión y un avasallamiento de las atribuciones propias del Poder Ejecutivo", entre las que se encuentran "el cuidado y la custodia de las personas privadas de libertad, entre muchas otras funciones".

Asimismo se cuestiona que este hábeas corpus fue presentado por un grupo de internos que estudian carreras de la UNCuyo, pero el juez terminó aplicándolo a todo el conjunto carcelario y en ese sentido la ministra manifestó que "se ha pronunciado sobre cuestiones que no fueron sometidas a su consideración, afectando a toda la población penal y resolviendo ultra petitum".

Para la funcionaria, "El juez ha reglamentado cuestiones administrativas que afectan a todo el Servicio Penitenciario, atribuyéndose la facultad de suspender la Resolución 533/25, sin tener en cuenta los efectos perjudiciales y colaterales que ello podría acarrear".

Desde el Gobierno aclararon que "cabe citar jurisprudencia de la Corte durante el período de pandemia por covid-19, donde se reconoció expresamente que es competencia del Servicio Penitenciario reglamentar el uso de medios de comunicación con el mundo exterior por parte de los internos".

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